Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Salario mínimo vital: avanzar sí, pero sin saltos al vacío La CGT Democrática e Independiente ha defendido históricamente la idea de un salario mínimo vital, capaz de garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias. Ese objetivo no está en discusión. Lo que sí debemos discutir con rigor, sin populismos y sin cálculos electorales es el camino para llegar a él. Porque las decisiones económicas no se toman con consignas, para llenar los titulares de prensa, sino con responsabilidad.
El incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional ha sido presentado como un avance histórico. Sin embargo, cuando un ajuste de esta magnitud se adopta sin una estrategia paralela de control de precios, desindexación, fortalecimiento empresarial, disminución de cargas tributarias, productividad y formalización, termina produciendo efectos contrarios a los que se busca. La realidad es que el salario mínimo no opera en el vacío: es un indexador transversal que impacta alimentos, peajes, transporte, multas, copagos, Vivienda de interés social VIS, independientemente de que los ingresos de la mayoría de colombianos no crezcan al mismo ritmo.
Las consecuencias son evidentes. Para los trabajadores formales, especialmente aquellos vinculados a micro y pequeñas empresas, el aumento abrupto del costo laboral pone en riesgo la estabilidad del empleo: limita nuevas contrataciones, puede incentivar la tercerización y aumenta los niveles de informalidad. Es importante señalar que el incremento del 23,7% solo beneficia a 2,4 millones de trabajadores, muchos de los cuales hoy enfrentan el riesgo real de perder su empleo. Mientras que entre 2024 y 2025 el salario mínimo impactó a 3,6 millones de trabajadores, para 2026 la cobertura cae a 2,4 millones. ¿Dónde quedaron ese millón de trabajadores que ya no aparecen en las estadísticas formales? Muy probablemente migraron a la informalidad, al trabajo por cuenta propia o a pequeños emprendimientos. Si esta tendencia continúa, el salario mínimo de 2027 podría terminar beneficiando apenas a 1,4 millones de trabajadores.
Para los informales: 13,5 millones de colombianos, que no reciben el incremento, la situación es peor: asumen todos los efectos inflacionarios sin ver un peso adicional en sus bolsillos. Para los pensionados, que ajustan por IPC y no por salario mínimo, el golpe al costo de vida reduce su ingreso real. Y para las entidades públicas, el desbalance entre costos indexados y presupuestos congelados reduce la capacidad de mejorar salarios y plantas de empleo, prueba de ello es que los trabajadores del sector publico solo obtuvieron un incremento de salarios de tan solo el 7%, perdiendo en promedio 16 puntos porcentuales en el poder adquisitivo de sus salarios.
El país necesita un salario mínimo vital, pero no un salto sin paracaídas. Requiere una transición gradual, ordenada y técnica, basada en una fórmula que combine inflación real de los hogares de bajos ingresos, inflación causada e inflación esperada, productividad laboral y desindexación progresiva de precios y tarifas. Esa ruta debe complementarse con alivios a las mipymes, una reducción del impuesto de renta, incentivos a la formalización y un pacto nacional de productividad por sectores. Solo así el aumento salarial se traducirá en bienestar real y sostenible, y no en inflación, desempleo o mayor desigualdad.
Los trabajadores no necesitan anuncios estridentes, sino políticas responsables que les garanticen empleo estable, ingresos crecientes y una economía que realmente les funcione. Las empresas, por su parte, no pueden ser tratadas como un actor secundario: sin su sostenibilidad no hay empleo, y sin empleo no hay salario mínimo vital posible.
Adicionalmente, los sectores sindicales del país también resultaron perjudicados con el aumento del salario mínimo del 23,7%. Es importante recordar que la gran mayoría de los sindicatos del sector público y privado no alcanzaron este porcentaje en sus negociaciones: la mayoría cerró acuerdos del 7%, algunos pocos en el sector privado llegaron a cifras de dos dígitos, casi todos con incrementos de un digito y solo casos marginales lograron acercarse al 23%. En promedio, esto representa una pérdida de alrededor de 15 puntos porcentuales en su poder adquisitivo.
A esta situación se suma la presión creciente de los afiliados, que ahora exigen iniciar nuevos procesos de negociación colectiva buscando un incremento del 23%, mientras los empresarios ofrecen únicamente el 5,1% correspondiente a la inflación. Se abre así una brecha difícil de cerrar: los sindicatos enfrentan el riesgo de ser vistos como ineficaces si no logran ese incremento, y los empresarios serán señalados como egoístas si no lo conceden. Estos son los efectos del populismo, que prioriza los titulares de prensa por encima de las consecuencias reales para trabajadores formales e informales, empleadores, pensionados y el conjunto de la sociedad.
Desde la CGT Democrática e Independiente reafirmamos nuestra postura: sí al salario mínimo vital, pero con brújula técnica, gradualidad, responsabilidad fiscal y laboral. Un país no se construye con atajos; se construye con acuerdos, con datos, con rigor y con visión de largo plazo. Esa debe ser la ruta. Y en ella estaremos.
La CGT Democrática e Independiente ha defendido históricamente la idea de un salario mínimo vital, capaz de garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias. Ese objetivo no está en discusión. Lo que sí debemos discutir con rigor, sin populismos y sin cálculos electorales es el camino para llegar a él. Porque las decisiones económicas no se toman con consignas, para llenar los titulares de prensa, sino con responsabilidad.
El incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional ha sido presentado como un avance histórico. Sin embargo, cuando un ajuste de esta magnitud se adopta sin una estrategia paralela de control de precios, desindexación, fortalecimiento empresarial, disminución de cargas tributarias, productividad y formalización, termina produciendo efectos contrarios a los que se busca. La realidad es que el salario mínimo no opera en el vacío: es un indexador transversal que impacta alimentos, peajes, transporte, multas, copagos, Vivienda de interés social VIS, independientemente de que los ingresos de la mayoría de colombianos no crezcan al mismo ritmo.
Las consecuencias son evidentes. Para los trabajadores formales, especialmente aquellos vinculados a micro y pequeñas empresas, el aumento abrupto del costo laboral pone en riesgo la estabilidad del empleo: limita nuevas contrataciones, puede incentivar la tercerización y aumenta los niveles de informalidad. Es importante señalar que el incremento del 23,7% solo beneficia a 2,4 millones de trabajadores, muchos de los cuales hoy enfrentan el riesgo real de perder su empleo. Mientras que entre 2024 y 2025 el salario mínimo impactó a 3,6 millones de trabajadores, para 2026 la cobertura cae a 2,4 millones. ¿Dónde quedaron ese millón de trabajadores que ya no aparecen en las estadísticas formales? Muy probablemente migraron a la informalidad, al trabajo por cuenta propia o a pequeños emprendimientos. Si esta tendencia continúa, el salario mínimo de 2027 podría terminar beneficiando apenas a 1,4 millones de trabajadores.
Para los informales: 13,5 millones de colombianos, que no reciben el incremento, la situación es peor: asumen todos los efectos inflacionarios sin ver un peso adicional en sus bolsillos. Para los pensionados, que ajustan por IPC y no por salario mínimo, el golpe al costo de vida reduce su ingreso real. Y para las entidades públicas, el desbalance entre costos indexados y presupuestos congelados reduce la capacidad de mejorar salarios y plantas de empleo, prueba de ello es que los trabajadores del sector publico solo obtuvieron un incremento de salarios de tan solo el 7%, perdiendo en promedio 16 puntos porcentuales en el poder adquisitivo de sus salarios.
El país necesita un salario mínimo vital, pero no un salto sin paracaídas. Requiere una transición gradual, ordenada y técnica, basada en una fórmula que combine inflación real de los hogares de bajos ingresos, inflación causada e inflación esperada, productividad laboral y desindexación progresiva de precios y tarifas. Esa ruta debe complementarse con alivios a las mipymes, una reducción del impuesto de renta, incentivos a la formalización y un pacto nacional de productividad por sectores. Solo así el aumento salarial se traducirá en bienestar real y sostenible, y no en inflación, desempleo o mayor desigualdad.
Los trabajadores no necesitan anuncios estridentes, sino políticas responsables que les garanticen empleo estable, ingresos crecientes y una economía que realmente les funcione. Las empresas, por su parte, no pueden ser tratadas como un actor secundario: sin su sostenibilidad no hay empleo, y sin empleo no hay salario mínimo vital posible.
Adicionalmente, los sectores sindicales del país también resultaron perjudicados con el aumento del salario mínimo del 23,7%. Es importante recordar que la gran mayoría de los sindicatos del sector público y privado no alcanzaron este porcentaje en sus negociaciones: la mayoría cerró acuerdos del 7%, algunos pocos en el sector privado llegaron a cifras de dos dígitos, casi todos con incrementos de un digito y solo casos marginales lograron acercarse al 23%. En promedio, esto representa una pérdida de alrededor de 15 puntos porcentuales en su poder adquisitivo.
A esta situación se suma la presión creciente de los afiliados, que ahora exigen iniciar nuevos procesos de negociación colectiva buscando un incremento del 23%, mientras los empresarios ofrecen únicamente el 5,1% correspondiente a la inflación. Se abre así una brecha difícil de cerrar: los sindicatos enfrentan el riesgo de ser vistos como ineficaces si no logran ese incremento, y los empresarios serán señalados como egoístas si no lo conceden. Estos son los efectos del populismo, que prioriza los titulares de prensa por encima de las consecuencias reales para trabajadores formales e informales, empleadores, pensionados y el conjunto de la sociedad.
Desde la CGT Democrática e Independiente reafirmamos nuestra postura: sí al salario mínimo vital, pero con brújula técnica, gradualidad, responsabilidad fiscal y laboral. Un país no se construye con atajos; se construye con acuerdos, con datos, con rigor y con visión de largo plazo. Esa debe ser la ruta. Y en ella estaremos.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
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CGT Colombia
Democrática e Independiente
