Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Industria que se apaga, empleo que se desvanece, sindicalismo que se extingue.
Colombia empieza a vivir un fenómeno preocupante que no admite lecturas complacientes ni reduccionismos ideológicos: el debilitamiento progresivo de su aparato productivo. No se trata de percepciones, sino de señales concretas que se traducen en posibles cierres empresariales, reducción de operaciones y decisiones de traslado hacia otros países con mejores condiciones para producir.
El caso de Goodyear en el Valle del Cauca, es emblemático. Tras una huelga prolongada, la eventual salida de esta planta significaría la pérdida de más de 800 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos. No son cifras frías: son familias que dependen de un ingreso digno y estable. Es también el golpe a una cadena productiva que difícilmente se recompone en el corto plazo.
A esto se suma la situación de Hino Motors de Colombia, que ha reducido su producción y evalúa trasladar su operación a Ecuador. Empresas como Trimco y Andina de Tapizados han comenzado a cerrar líneas de producción, anticipando el impacto del debilitamiento del sector automotor. Cada cierre en esta industria no es aislado: arrastra proveedores, logística, servicios y empleo calificado.
En el sector agroindustrial, el cierre del Ingenio María Luisa y el riesgo latente sobre el Ingenio La Cabaña evidencian que la crisis no distingue sectores. La industria azucarera, clave para el suroccidente del país, también enfrenta condiciones adversas que ponen en jaque su sostenibilidad.
Detrás de estos hechos hay elementos estructurales que deben ser analizados con responsabilidad: el costo de producir en Colombia, la poca competividad empresarial, sumada a la incertidumbre regulatoria y gubernamental, los ataques despiadados al sector privado, desincentivan la inversión y fomentan la relocalización empresarial en otros países, con mejores garantías.
A ello se agregan reformas e iniciativas que, aunque buscan proteger derechos laborales, muy válidos, han generado preocupación en el sector productivo por su impacto en la competitividad. Incrementos salariales desproporcionados, más por populismo, que técnicos, y mensajes adversos hacia la empresa privada terminan configurando un entorno de desconfianza. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo formal, sin empleo formal, no hay posibilidad de organizar a los trabajadores en sindicatos.
Las cifras laborales ya reflejan esta tensión. Colombia cuenta hoy con aproximadamente 13,5 millones de trabajadores en la informalidad, una cifra que podría escalar a 14,5 millones si no se corrige el rumbo. Esto significa que más del 55% de la población ocupada se encuentra por fuera del sistema de protección social. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que devengan salario mínimo tiende a reducirse para el 2027, de 2,4 a 1,4 millones de trabajadores beneficiados, lo que evidencia una contracción del empleo formal.
No podemos normalizar que cerrar empresas sea parte del paisaje económico. Cada empresa que se va representa menos oportunidades, menos desarrollo regional y más desigualdad. Tampoco podemos caer en el falso dilema entre derechos laborales y sostenibilidad empresarial: ambos son indispensables y deben coexistir en equilibrio.
Desde la CGT Colombia, Democrática e Independiente, hacemos un llamado a la sensatez. El país necesita una política laboral y económica que promueva el empleo formal, mejore las condiciones para acceder a los derechos de sindicalización, incentive la producción nacional y genere confianza para invertir. Defender a los trabajadores, significa igualmente, fortalecer a las empresas, porque sin empresas, no hay trabajo digno, que pueda ser sostenible.
El reto es claro: construir un entorno donde producir en Colombia vuelva a ser viable y atractivo. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se apagan las fábricas mientras crece la informalidad. Y ese, sin duda, es un camino que el país no puede permitirse recorrer.
Colombia empieza a vivir un fenómeno preocupante que no admite lecturas complacientes ni reduccionismos ideológicos: el debilitamiento progresivo de su aparato productivo. No se trata de percepciones, sino de señales concretas que se traducen en posibles cierres empresariales, reducción de operaciones y decisiones de traslado hacia otros países con mejores condiciones para producir.
El caso de Goodyear en el Valle del Cauca, es emblemático. Tras una huelga prolongada, la eventual salida de esta planta significaría la pérdida de más de 800 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos. No son cifras frías: son familias que dependen de un ingreso digno y estable. Es también el golpe a una cadena productiva que difícilmente se recompone en el corto plazo.
A esto se suma la situación de Hino Motors de Colombia, que ha reducido su producción y evalúa trasladar su operación a Ecuador. Empresas como Trimco y Andina de Tapizados han comenzado a cerrar líneas de producción, anticipando el impacto del debilitamiento del sector automotor. Cada cierre en esta industria no es aislado: arrastra proveedores, logística, servicios y empleo calificado.
En el sector agroindustrial, el cierre del Ingenio María Luisa y el riesgo latente sobre el Ingenio La Cabaña evidencian que la crisis no distingue sectores. La industria azucarera, clave para el suroccidente del país, también enfrenta condiciones adversas que ponen en jaque su sostenibilidad.
Detrás de estos hechos hay elementos estructurales que deben ser analizados con responsabilidad: el costo de producir en Colombia, la poca competividad empresarial, sumada a la incertidumbre regulatoria y gubernamental, los ataques despiadados al sector privado, desincentivan la inversión y fomentan la relocalización empresarial en otros países, con mejores garantías.
A ello se agregan reformas e iniciativas que, aunque buscan proteger derechos laborales, muy válidos, han generado preocupación en el sector productivo por su impacto en la competitividad. Incrementos salariales desproporcionados, más por populismo, que técnicos, y mensajes adversos hacia la empresa privada terminan configurando un entorno de desconfianza. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo formal, sin empleo formal, no hay posibilidad de organizar a los trabajadores en sindicatos.
Las cifras laborales ya reflejan esta tensión. Colombia cuenta hoy con aproximadamente 13,5 millones de trabajadores en la informalidad, una cifra que podría escalar a 14,5 millones si no se corrige el rumbo. Esto significa que más del 55% de la población ocupada se encuentra por fuera del sistema de protección social. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que devengan salario mínimo tiende a reducirse para el 2027, de 2,4 a 1,4 millones de trabajadores beneficiados, lo que evidencia una contracción del empleo formal.
No podemos normalizar que cerrar empresas sea parte del paisaje económico. Cada empresa que se va representa menos oportunidades, menos desarrollo regional y más desigualdad. Tampoco podemos caer en el falso dilema entre derechos laborales y sostenibilidad empresarial: ambos son indispensables y deben coexistir en equilibrio.
Desde la CGT Colombia, Democrática e Independiente, hacemos un llamado a la sensatez. El país necesita una política laboral y económica que promueva el empleo formal, mejore las condiciones para acceder a los derechos de sindicalización, incentive la producción nacional y genere confianza para invertir. Defender a los trabajadores, significa igualmente, fortalecer a las empresas, porque sin empresas, no hay trabajo digno, que pueda ser sostenible.
El reto es claro: construir un entorno donde producir en Colombia vuelva a ser viable y atractivo. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se apagan las fábricas mientras crece la informalidad. Y ese, sin duda, es un camino que el país no puede permitirse recorrer.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
