jueves, 2 de julio de 2026
La protección social como pilar de la dignidad de las personas
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
La protección social como pilar de la dignidad de las personas
La protección social no puede entenderse únicamente como un conjunto de subsidios o programas asistenciales. Constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y un instrumento indispensable para garantizar la dignidad humana, la cohesión social y la legitimidad democrática de nuestras instituciones.
Las profundas transformaciones demográficas, económicas y laborales que vive el mundo nos obligan a repensar el modelo de protección social. El envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos, las nuevas formas de empleo y las crecientes desigualdades exigen la construcción de mecanismos más modernos, universales e incluyentes que acompañen a las personas durante todo su ciclo de vida.
La protección social debe garantizar el acceso universal a la salud, la seguridad económica en la vejez y unos ingresos mínimos que permitan a las personas y las familias vivir con dignidad. Pero también debe convertirse en una poderosa herramienta de inclusión, capaz de cerrar brechas sociales y territoriales y de generar oportunidades para quienes históricamente han estado excluidos.
Uno de los grandes desafíos de Colombia es la inclusión laboral de los jóvenes. El país necesita políticas robustas de formalización que permitan a las nuevas generaciones acceder a empleos dignos, productivos y protegidos. De igual manera, es indispensable construir un sistema integral de cuidados que atienda a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes viven con discapacidad, reconociendo y redistribuyendo las tareas de cuidado que, en su mayoría, siguen siendo asumidas de manera no remunerada por las mujeres.
La protección social del futuro también debe incorporar progresivamente a los trabajadores informales, a los independientes y a los pequeños emprendedores mediante esquemas de cotización flexibles que faciliten su acceso a la seguridad social. Ninguna sociedad puede aspirar al desarrollo sostenible si millones de ciudadanos permanecen al margen de los sistemas de protección y bienestar.
Para alcanzar estos propósitos se requiere fortalecer las instituciones y profundizar el diálogo social. La participación activa de los trabajadores, los empleadores, el Estado y los distintos sectores de la sociedad constituye la mejor garantía para construir políticas públicas sostenibles que reduzcan las desigualdades, superen el asistencialismo y hagan efectivos los derechos fundamentales.
La protección social es, en esencia, un conjunto de políticas, programas y medidas destinadas a proteger y promover el bienestar de las personas y las familias, especialmente de aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión. Su propósito central es reducir las desigualdades, promover la inclusión y garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para desarrollar plenamente su proyecto de vida.
La Colombia de 2050 demanda una visión de largo plazo y un gran pacto nacional alrededor de la protección social. No se trata únicamente de garantizar prestaciones económicas, sino de construir un modelo de desarrollo centrado en las personas, en la dignidad del trabajo y en la solidaridad como principio fundamental de nuestra convivencia democrática.
Desde la CGT Colombia reafirmamos nuestra convicción de que una sociedad más justa, productiva y en paz solo será posible en la medida en que logremos consolidar un sistema de protección social universal, sostenible y profundamente humano, que no deje a nadie atrás.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
martes, 5 de mayo de 2026
Autonomía sindical: una línea que no estamos dispuestos a ceder
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Autonomía sindical: una línea que no estamos dispuestos a ceder
El Primero de Mayo no es una fecha ornamental ni una excusa
para la retórica política. Es, en esencia, la expresión histórica de la
dignidad del trabajo y de la lucha por la libertad sindical. Reducirlo a un
acto de gobierno o a una plataforma de validación ideológica no solo
distorsiona su significado, sino que vulnera la esencia misma del movimiento
obrero.
A quienes sostienen que el Primero de Mayo no es una
conmemoración de los trabajadores sino un acto eminentemente político, y que
por tanto la posición de la CGT es equivocada, les respondemos con claridad: el
Día Internacional del Trabajo no puede ser convertido en un instrumento de
política electoral ni en un acto de gobierno. Su carácter político es
innegable, pero en un sentido específico y legítimo: es el espacio donde se
visibilizan los problemas del mundo del trabajo y se presentan las propuestas
de los trabajadores para el país. Esa dimensión política dignifica la fecha; no
la degrada.
Lo que rechazamos de manera categórica es su degradación
hacia prácticas politiqueras. No puede ni debe convertirse en una plataforma al
servicio de quienes aspiran a cargos de elección popular, ni en un escenario
manipulado por gobiernos que lo asumen como trinchera para profundizar
divisiones, promover discursos de confrontación institucional o exacerbar los
odios de clase. El Primero de Mayo es una conmemoración de los trabajadores, no
una trinchera de guerra ideológica.
La Confederación General del Trabajo ha construido, durante
más de cinco décadas, una identidad basada en la independencia, la pluralidad y
la defensa genuina de los trabajadores. Esa trayectoria no es retórica: es el
resultado de decisiones difíciles, incluso incómodas, como la reciente
depuración interna que permitió separar a quienes entendían el sindicalismo
como un vehículo de interés personal y no como un compromiso colectivo. Lejos
de ser una crisis, fue un acto de coherencia institucional.
Hoy enfrentamos un riesgo mayor: la instrumentalización
política del sindicalismo. Cuando una organización de trabajadores pierde su
autonomía y se convierte en un apéndice del poder, deja de representar a sus
bases y comienza a responder a agendas ajenas. Un sindicato que aplaude de
manera automática renuncia a su capacidad crítica; y sin crítica, no hay
defensa real de derechos.
La CGT ha sido clara en su postura: diálogo sí,
subordinación no. Nuestra relación con el espectro político es técnica, no
ideológica. Nos reunimos con quienes estén dispuestos a escuchar propuestas
sobre empleo, productividad y derechos laborales, sin importar su origen
político. Esa es la verdadera pluralidad democrática: la capacidad de
interlocutar sin someterse.
En paralelo, hemos asumido una defensa jurídica activa
frente a decisiones que buscan modificar las reglas del juego laboral por vías
administrativas, desconociendo el debate democrático. La institucionalidad no
puede ser reemplazada por decretos, ni los derechos colectivos reinterpretados
según la conveniencia del gobierno de turno.
Pero sería un error quedarnos anclados en las lógicas del
pasado. El mundo del trabajo ha cambiado profundamente. La automatización, la
inteligencia artificial y las nuevas dinámicas productivas están redefiniendo
el empleo a una velocidad sin precedentes. En este contexto, el sindicalismo no
puede limitarse a la confrontación ideológica: debe evolucionar hacia una
visión de sostenibilidad productiva, donde la defensa del trabajador sea
compatible con la viabilidad de la empresa.
No hay empleo sin empresa. Y no hay desarrollo sostenible
sin relaciones laborales equilibradas. Defender la libre empresa no es una
concesión; es una condición necesaria para garantizar oportunidades de trabajo
digno.
A esto se suma un factor que no puede ignorarse: la
seguridad. En regiones donde la violencia persiste y las garantías son
insuficientes, la responsabilidad institucional obliga a priorizar la vida por
encima de cualquier simbolismo. La prudencia no es debilidad; es una forma de
resistencia inteligente frente a contextos adversos.
La CGT no se define por coyunturas ni por gobiernos. Se
define por principios. Nuestra lealtad no está en disputa: es con los
trabajadores, con sus familias y con el futuro del país. La autonomía sindical
no es negociable porque de ella depende nuestra capacidad de representar,
cuestionar y construir.
En tiempos de polarización, mantener la independencia no es
una posición cómoda. Es, precisamente, la más necesaria.
Dignidad, autonomía y libertad sindical.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
martes, 28 de abril de 2026
Industria que se apaga, empleo que se desvanece, sindicalismo que se extingue.
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Industria que se apaga, empleo que se desvanece, sindicalismo que se extingue.
Colombia empieza a vivir un fenómeno preocupante que no admite lecturas complacientes ni reduccionismos ideológicos: el debilitamiento progresivo de su aparato productivo. No se trata de percepciones, sino de señales concretas que se traducen en posibles cierres empresariales, reducción de operaciones y decisiones de traslado hacia otros países con mejores condiciones para producir.
El caso de Goodyear en el Valle del Cauca, es emblemático. Tras una huelga prolongada, la eventual salida de esta planta significaría la pérdida de más de 800 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos. No son cifras frías: son familias que dependen de un ingreso digno y estable. Es también el golpe a una cadena productiva que difícilmente se recompone en el corto plazo.
A esto se suma la situación de Hino Motors de Colombia, que ha reducido su producción y evalúa trasladar su operación a Ecuador. Empresas como Trimco y Andina de Tapizados han comenzado a cerrar líneas de producción, anticipando el impacto del debilitamiento del sector automotor. Cada cierre en esta industria no es aislado: arrastra proveedores, logística, servicios y empleo calificado.
En el sector agroindustrial, el cierre del Ingenio María Luisa y el riesgo latente sobre el Ingenio La Cabaña evidencian que la crisis no distingue sectores. La industria azucarera, clave para el suroccidente del país, también enfrenta condiciones adversas que ponen en jaque su sostenibilidad.
Detrás de estos hechos hay elementos estructurales que deben ser analizados con responsabilidad: el costo de producir en Colombia, la poca competividad empresarial, sumada a la incertidumbre regulatoria y gubernamental, los ataques despiadados al sector privado, desincentivan la inversión y fomentan la relocalización empresarial en otros países, con mejores garantías.
A ello se agregan reformas e iniciativas que, aunque buscan proteger derechos laborales, muy válidos, han generado preocupación en el sector productivo por su impacto en la competitividad. Incrementos salariales desproporcionados, más por populismo, que técnicos, y mensajes adversos hacia la empresa privada terminan configurando un entorno de desconfianza. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo formal, sin empleo formal, no hay posibilidad de organizar a los trabajadores en sindicatos.
Las cifras laborales ya reflejan esta tensión. Colombia cuenta hoy con aproximadamente 13,5 millones de trabajadores en la informalidad, una cifra que podría escalar a 14,5 millones si no se corrige el rumbo. Esto significa que más del 55% de la población ocupada se encuentra por fuera del sistema de protección social. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que devengan salario mínimo tiende a reducirse para el 2027, de 2,4 a 1,4 millones de trabajadores beneficiados, lo que evidencia una contracción del empleo formal.
No podemos normalizar que cerrar empresas sea parte del paisaje económico. Cada empresa que se va representa menos oportunidades, menos desarrollo regional y más desigualdad. Tampoco podemos caer en el falso dilema entre derechos laborales y sostenibilidad empresarial: ambos son indispensables y deben coexistir en equilibrio.
Desde la CGT Colombia, Democrática e Independiente, hacemos un llamado a la sensatez. El país necesita una política laboral y económica que promueva el empleo formal, mejore las condiciones para acceder a los derechos de sindicalización, incentive la producción nacional y genere confianza para invertir. Defender a los trabajadores, significa igualmente, fortalecer a las empresas, porque sin empresas, no hay trabajo digno, que pueda ser sostenible.
El reto es claro: construir un entorno donde producir en Colombia vuelva a ser viable y atractivo. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se apagan las fábricas mientras crece la informalidad. Y ese, sin duda, es un camino que el país no puede permitirse recorrer.
Colombia empieza a vivir un fenómeno preocupante que no admite lecturas complacientes ni reduccionismos ideológicos: el debilitamiento progresivo de su aparato productivo. No se trata de percepciones, sino de señales concretas que se traducen en posibles cierres empresariales, reducción de operaciones y decisiones de traslado hacia otros países con mejores condiciones para producir.
El caso de Goodyear en el Valle del Cauca, es emblemático. Tras una huelga prolongada, la eventual salida de esta planta significaría la pérdida de más de 800 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos. No son cifras frías: son familias que dependen de un ingreso digno y estable. Es también el golpe a una cadena productiva que difícilmente se recompone en el corto plazo.
A esto se suma la situación de Hino Motors de Colombia, que ha reducido su producción y evalúa trasladar su operación a Ecuador. Empresas como Trimco y Andina de Tapizados han comenzado a cerrar líneas de producción, anticipando el impacto del debilitamiento del sector automotor. Cada cierre en esta industria no es aislado: arrastra proveedores, logística, servicios y empleo calificado.
En el sector agroindustrial, el cierre del Ingenio María Luisa y el riesgo latente sobre el Ingenio La Cabaña evidencian que la crisis no distingue sectores. La industria azucarera, clave para el suroccidente del país, también enfrenta condiciones adversas que ponen en jaque su sostenibilidad.
Detrás de estos hechos hay elementos estructurales que deben ser analizados con responsabilidad: el costo de producir en Colombia, la poca competividad empresarial, sumada a la incertidumbre regulatoria y gubernamental, los ataques despiadados al sector privado, desincentivan la inversión y fomentan la relocalización empresarial en otros países, con mejores garantías.
A ello se agregan reformas e iniciativas que, aunque buscan proteger derechos laborales, muy válidos, han generado preocupación en el sector productivo por su impacto en la competitividad. Incrementos salariales desproporcionados, más por populismo, que técnicos, y mensajes adversos hacia la empresa privada terminan configurando un entorno de desconfianza. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo formal, sin empleo formal, no hay posibilidad de organizar a los trabajadores en sindicatos.
Las cifras laborales ya reflejan esta tensión. Colombia cuenta hoy con aproximadamente 13,5 millones de trabajadores en la informalidad, una cifra que podría escalar a 14,5 millones si no se corrige el rumbo. Esto significa que más del 55% de la población ocupada se encuentra por fuera del sistema de protección social. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que devengan salario mínimo tiende a reducirse para el 2027, de 2,4 a 1,4 millones de trabajadores beneficiados, lo que evidencia una contracción del empleo formal.
No podemos normalizar que cerrar empresas sea parte del paisaje económico. Cada empresa que se va representa menos oportunidades, menos desarrollo regional y más desigualdad. Tampoco podemos caer en el falso dilema entre derechos laborales y sostenibilidad empresarial: ambos son indispensables y deben coexistir en equilibrio.
Desde la CGT Colombia, Democrática e Independiente, hacemos un llamado a la sensatez. El país necesita una política laboral y económica que promueva el empleo formal, mejore las condiciones para acceder a los derechos de sindicalización, incentive la producción nacional y genere confianza para invertir. Defender a los trabajadores, significa igualmente, fortalecer a las empresas, porque sin empresas, no hay trabajo digno, que pueda ser sostenible.
El reto es claro: construir un entorno donde producir en Colombia vuelva a ser viable y atractivo. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se apagan las fábricas mientras crece la informalidad. Y ese, sin duda, es un camino que el país no puede permitirse recorrer.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
miércoles, 18 de marzo de 2026
Una reforma para unos pocos: el Decreto 0234 Multinivel y la amenaza contra el sindicalismo democrático
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Una reforma para unos pocos: el Decreto 0234 Multinivel y la amenaza contra el sindicalismo democrático El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0234 de 2026, un acto que, lejos de fortalecer la democracia sindical, constituye una peligrosa distorsión del modelo de relaciones laborales en Colombia. Después de una revisión técnica y rigurosa del articulado, la CGT Democrática e Independiente concluye que este decreto no solo es inconveniente: es abiertamente regresivo, discriminatorio y contrario a los principios constitucionales de libertad sindical, derecho de asociación y negociación colectiva auténtica. Por estas razones, demandaremos su nulidad ante el Consejo de Estado, en defensa del sindicalismo libre, plural y democrático. Una norma hecha a la medida del “comité de aplausos” El Decreto reorganiza el sistema de negociación colectiva para imponer la negociación multinivel y sectorial obligatoria, bajo el mandato de tener un único pliego, una única mesa y una única comisión negociadora cuando existan varios sindicatos en un sector o rama.
En la práctica, esto constituye un traje a la medida de aquellas organizaciones sindicales que durante años se alinearon incondicionalmente con el Gobierno: el llamado “comité de aplausos”. El decreto es su recompensa. La norma privilegia a los sindicatos mayoritarios y les otorga una posición de hegemonía que distorsiona gravemente la competencia sindical legítima. Una amenaza de monopolio sindical por vía reglamentaria. El decreto establece que las convenciones sectoriales serán obligatorias para todos los empleadores y trabajadores, estén o no afiliados, y que los trabajadores no sindicalizados deberán pagar cuota por beneficio al sindicato firmante.
La ecuación es clara: Piso sectorial obligatorio + cuota por beneficio + representación proporcional por afiliación = monopolio sindical garantizado, unicato ideológico Seguro. Esto permitiría a los sindicatos beneficiados capturar afiliaciones masivas no por liderazgo o resultados, sino por la simple imposición del marco normativo.
Una asfixia económica y política para el resto del sindicalismo que podría limitar los alcances de la negociación de empresa, el Decreto dispone que el techo de cualquier negociación será lo pactado en el nivel superior sectorial. Esto significa que si un sindicato democrático, independiente y activo desea mejorar condiciones en su empresa, ya no podrá hacerlo más allá de lo decidido en una mesa sectorial donde probablemente tendrá una representación mínima.
El riesgo real: la desaparición del sindicalismo plural. El modelo impuesto por el decreto genera un riesgo sistémico que no puede subestimarse: Destruye en el tiempo y de forma gradual la negociación colectiva de base; reduce la libertad de asociación efectiva y condiciona la representatividad de los sindicatos en las empresas; Debilita estructuralmente a la mayoría del sindicalismo. La consecuencia posible es la eliminación progresiva de los sindicatos independientes.
La CGT Democrática e Independiente no será espectadora. Como Confederación sindical plural, autónoma y democrática, no aceptamos un marco que favorece la hegemonía de unos pocos y la subordinación del resto.
Por ello, Demandaremos la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado, Interpondremos queja ante la comisión de aplicación de normas de la OIT, Defenderemos la libertad sindical, Protegeremos la negociación de empresa y Denunciaremos cualquier intento de monopolizar la representación sindical en lo sectorial.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0234 de 2026, un acto que, lejos de fortalecer la democracia sindical, constituye una peligrosa distorsión del modelo de relaciones laborales en Colombia. Después de una revisión técnica y rigurosa del articulado, la CGT Democrática e Independiente concluye que este decreto no solo es inconveniente: es abiertamente regresivo, discriminatorio y contrario a los principios constitucionales de libertad sindical, derecho de asociación y negociación colectiva auténtica. Por estas razones, demandaremos su nulidad ante el Consejo de Estado, en defensa del sindicalismo libre, plural y democrático. Una norma hecha a la medida del “comité de aplausos” El Decreto reorganiza el sistema de negociación colectiva para imponer la negociación multinivel y sectorial obligatoria, bajo el mandato de tener un único pliego, una única mesa y una única comisión negociadora cuando existan varios sindicatos en un sector o rama.
En la práctica, esto constituye un traje a la medida de aquellas organizaciones sindicales que durante años se alinearon incondicionalmente con el Gobierno: el llamado “comité de aplausos”. El decreto es su recompensa. La norma privilegia a los sindicatos mayoritarios y les otorga una posición de hegemonía que distorsiona gravemente la competencia sindical legítima. Una amenaza de monopolio sindical por vía reglamentaria. El decreto establece que las convenciones sectoriales serán obligatorias para todos los empleadores y trabajadores, estén o no afiliados, y que los trabajadores no sindicalizados deberán pagar cuota por beneficio al sindicato firmante.
La ecuación es clara: Piso sectorial obligatorio + cuota por beneficio + representación proporcional por afiliación = monopolio sindical garantizado, unicato ideológico Seguro. Esto permitiría a los sindicatos beneficiados capturar afiliaciones masivas no por liderazgo o resultados, sino por la simple imposición del marco normativo.
Una asfixia económica y política para el resto del sindicalismo que podría limitar los alcances de la negociación de empresa, el Decreto dispone que el techo de cualquier negociación será lo pactado en el nivel superior sectorial. Esto significa que si un sindicato democrático, independiente y activo desea mejorar condiciones en su empresa, ya no podrá hacerlo más allá de lo decidido en una mesa sectorial donde probablemente tendrá una representación mínima.
El riesgo real: la desaparición del sindicalismo plural. El modelo impuesto por el decreto genera un riesgo sistémico que no puede subestimarse: Destruye en el tiempo y de forma gradual la negociación colectiva de base; reduce la libertad de asociación efectiva y condiciona la representatividad de los sindicatos en las empresas; Debilita estructuralmente a la mayoría del sindicalismo. La consecuencia posible es la eliminación progresiva de los sindicatos independientes.
La CGT Democrática e Independiente no será espectadora. Como Confederación sindical plural, autónoma y democrática, no aceptamos un marco que favorece la hegemonía de unos pocos y la subordinación del resto.
Por ello, Demandaremos la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado, Interpondremos queja ante la comisión de aplicación de normas de la OIT, Defenderemos la libertad sindical, Protegeremos la negociación de empresa y Denunciaremos cualquier intento de monopolizar la representación sindical en lo sectorial.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
domingo, 1 de marzo de 2026
Salario mínimo vital: avanzar sí, pero sin saltos al vacío
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
presidencia@cgtcolombia.com.co
Salario mínimo vital: avanzar sí, pero sin saltos al vacío La CGT Democrática e Independiente ha defendido históricamente la idea de un salario mínimo vital, capaz de garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias. Ese objetivo no está en discusión. Lo que sí debemos discutir con rigor, sin populismos y sin cálculos electorales es el camino para llegar a él. Porque las decisiones económicas no se toman con consignas, para llenar los titulares de prensa, sino con responsabilidad.
El incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional ha sido presentado como un avance histórico. Sin embargo, cuando un ajuste de esta magnitud se adopta sin una estrategia paralela de control de precios, desindexación, fortalecimiento empresarial, disminución de cargas tributarias, productividad y formalización, termina produciendo efectos contrarios a los que se busca. La realidad es que el salario mínimo no opera en el vacío: es un indexador transversal que impacta alimentos, peajes, transporte, multas, copagos, Vivienda de interés social VIS, independientemente de que los ingresos de la mayoría de colombianos no crezcan al mismo ritmo.
Las consecuencias son evidentes. Para los trabajadores formales, especialmente aquellos vinculados a micro y pequeñas empresas, el aumento abrupto del costo laboral pone en riesgo la estabilidad del empleo: limita nuevas contrataciones, puede incentivar la tercerización y aumenta los niveles de informalidad. Es importante señalar que el incremento del 23,7% solo beneficia a 2,4 millones de trabajadores, muchos de los cuales hoy enfrentan el riesgo real de perder su empleo. Mientras que entre 2024 y 2025 el salario mínimo impactó a 3,6 millones de trabajadores, para 2026 la cobertura cae a 2,4 millones. ¿Dónde quedaron ese millón de trabajadores que ya no aparecen en las estadísticas formales? Muy probablemente migraron a la informalidad, al trabajo por cuenta propia o a pequeños emprendimientos. Si esta tendencia continúa, el salario mínimo de 2027 podría terminar beneficiando apenas a 1,4 millones de trabajadores.
Para los informales: 13,5 millones de colombianos, que no reciben el incremento, la situación es peor: asumen todos los efectos inflacionarios sin ver un peso adicional en sus bolsillos. Para los pensionados, que ajustan por IPC y no por salario mínimo, el golpe al costo de vida reduce su ingreso real. Y para las entidades públicas, el desbalance entre costos indexados y presupuestos congelados reduce la capacidad de mejorar salarios y plantas de empleo, prueba de ello es que los trabajadores del sector publico solo obtuvieron un incremento de salarios de tan solo el 7%, perdiendo en promedio 16 puntos porcentuales en el poder adquisitivo de sus salarios.
El país necesita un salario mínimo vital, pero no un salto sin paracaídas. Requiere una transición gradual, ordenada y técnica, basada en una fórmula que combine inflación real de los hogares de bajos ingresos, inflación causada e inflación esperada, productividad laboral y desindexación progresiva de precios y tarifas. Esa ruta debe complementarse con alivios a las mipymes, una reducción del impuesto de renta, incentivos a la formalización y un pacto nacional de productividad por sectores. Solo así el aumento salarial se traducirá en bienestar real y sostenible, y no en inflación, desempleo o mayor desigualdad.
Los trabajadores no necesitan anuncios estridentes, sino políticas responsables que les garanticen empleo estable, ingresos crecientes y una economía que realmente les funcione. Las empresas, por su parte, no pueden ser tratadas como un actor secundario: sin su sostenibilidad no hay empleo, y sin empleo no hay salario mínimo vital posible.
Adicionalmente, los sectores sindicales del país también resultaron perjudicados con el aumento del salario mínimo del 23,7%. Es importante recordar que la gran mayoría de los sindicatos del sector público y privado no alcanzaron este porcentaje en sus negociaciones: la mayoría cerró acuerdos del 7%, algunos pocos en el sector privado llegaron a cifras de dos dígitos, casi todos con incrementos de un digito y solo casos marginales lograron acercarse al 23%. En promedio, esto representa una pérdida de alrededor de 15 puntos porcentuales en su poder adquisitivo.
A esta situación se suma la presión creciente de los afiliados, que ahora exigen iniciar nuevos procesos de negociación colectiva buscando un incremento del 23%, mientras los empresarios ofrecen únicamente el 5,1% correspondiente a la inflación. Se abre así una brecha difícil de cerrar: los sindicatos enfrentan el riesgo de ser vistos como ineficaces si no logran ese incremento, y los empresarios serán señalados como egoístas si no lo conceden. Estos son los efectos del populismo, que prioriza los titulares de prensa por encima de las consecuencias reales para trabajadores formales e informales, empleadores, pensionados y el conjunto de la sociedad.
Desde la CGT Democrática e Independiente reafirmamos nuestra postura: sí al salario mínimo vital, pero con brújula técnica, gradualidad, responsabilidad fiscal y laboral. Un país no se construye con atajos; se construye con acuerdos, con datos, con rigor y con visión de largo plazo. Esa debe ser la ruta. Y en ella estaremos.
La CGT Democrática e Independiente ha defendido históricamente la idea de un salario mínimo vital, capaz de garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias. Ese objetivo no está en discusión. Lo que sí debemos discutir con rigor, sin populismos y sin cálculos electorales es el camino para llegar a él. Porque las decisiones económicas no se toman con consignas, para llenar los titulares de prensa, sino con responsabilidad.
El incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional ha sido presentado como un avance histórico. Sin embargo, cuando un ajuste de esta magnitud se adopta sin una estrategia paralela de control de precios, desindexación, fortalecimiento empresarial, disminución de cargas tributarias, productividad y formalización, termina produciendo efectos contrarios a los que se busca. La realidad es que el salario mínimo no opera en el vacío: es un indexador transversal que impacta alimentos, peajes, transporte, multas, copagos, Vivienda de interés social VIS, independientemente de que los ingresos de la mayoría de colombianos no crezcan al mismo ritmo.
Las consecuencias son evidentes. Para los trabajadores formales, especialmente aquellos vinculados a micro y pequeñas empresas, el aumento abrupto del costo laboral pone en riesgo la estabilidad del empleo: limita nuevas contrataciones, puede incentivar la tercerización y aumenta los niveles de informalidad. Es importante señalar que el incremento del 23,7% solo beneficia a 2,4 millones de trabajadores, muchos de los cuales hoy enfrentan el riesgo real de perder su empleo. Mientras que entre 2024 y 2025 el salario mínimo impactó a 3,6 millones de trabajadores, para 2026 la cobertura cae a 2,4 millones. ¿Dónde quedaron ese millón de trabajadores que ya no aparecen en las estadísticas formales? Muy probablemente migraron a la informalidad, al trabajo por cuenta propia o a pequeños emprendimientos. Si esta tendencia continúa, el salario mínimo de 2027 podría terminar beneficiando apenas a 1,4 millones de trabajadores.
Para los informales: 13,5 millones de colombianos, que no reciben el incremento, la situación es peor: asumen todos los efectos inflacionarios sin ver un peso adicional en sus bolsillos. Para los pensionados, que ajustan por IPC y no por salario mínimo, el golpe al costo de vida reduce su ingreso real. Y para las entidades públicas, el desbalance entre costos indexados y presupuestos congelados reduce la capacidad de mejorar salarios y plantas de empleo, prueba de ello es que los trabajadores del sector publico solo obtuvieron un incremento de salarios de tan solo el 7%, perdiendo en promedio 16 puntos porcentuales en el poder adquisitivo de sus salarios.
El país necesita un salario mínimo vital, pero no un salto sin paracaídas. Requiere una transición gradual, ordenada y técnica, basada en una fórmula que combine inflación real de los hogares de bajos ingresos, inflación causada e inflación esperada, productividad laboral y desindexación progresiva de precios y tarifas. Esa ruta debe complementarse con alivios a las mipymes, una reducción del impuesto de renta, incentivos a la formalización y un pacto nacional de productividad por sectores. Solo así el aumento salarial se traducirá en bienestar real y sostenible, y no en inflación, desempleo o mayor desigualdad.
Los trabajadores no necesitan anuncios estridentes, sino políticas responsables que les garanticen empleo estable, ingresos crecientes y una economía que realmente les funcione. Las empresas, por su parte, no pueden ser tratadas como un actor secundario: sin su sostenibilidad no hay empleo, y sin empleo no hay salario mínimo vital posible.
Adicionalmente, los sectores sindicales del país también resultaron perjudicados con el aumento del salario mínimo del 23,7%. Es importante recordar que la gran mayoría de los sindicatos del sector público y privado no alcanzaron este porcentaje en sus negociaciones: la mayoría cerró acuerdos del 7%, algunos pocos en el sector privado llegaron a cifras de dos dígitos, casi todos con incrementos de un digito y solo casos marginales lograron acercarse al 23%. En promedio, esto representa una pérdida de alrededor de 15 puntos porcentuales en su poder adquisitivo.
A esta situación se suma la presión creciente de los afiliados, que ahora exigen iniciar nuevos procesos de negociación colectiva buscando un incremento del 23%, mientras los empresarios ofrecen únicamente el 5,1% correspondiente a la inflación. Se abre así una brecha difícil de cerrar: los sindicatos enfrentan el riesgo de ser vistos como ineficaces si no logran ese incremento, y los empresarios serán señalados como egoístas si no lo conceden. Estos son los efectos del populismo, que prioriza los titulares de prensa por encima de las consecuencias reales para trabajadores formales e informales, empleadores, pensionados y el conjunto de la sociedad.
Desde la CGT Democrática e Independiente reafirmamos nuestra postura: sí al salario mínimo vital, pero con brújula técnica, gradualidad, responsabilidad fiscal y laboral. Un país no se construye con atajos; se construye con acuerdos, con datos, con rigor y con visión de largo plazo. Esa debe ser la ruta. Y en ella estaremos.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
Presidente Nacional
Confederación General del Trabajo
CGT Colombia
Democrática e Independiente
viernes, 13 de febrero de 2026
Cuando la solidaridad del pueblo supera las fallas del Estado
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Cuando la solidaridad del pueblo supera las fallas del Estado
Desde la Presidencia de la CGT Democrática e Independiente hemos recorrido durante décadas el país laboral, social y humano que construyen millones de trabajadores colombianos. Por eso, cuando la tragedia golpea regiones como Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Chocó, Montería, Cundinamarca y tantas otras, no hablamos desde la distancia: hablamos desde el compromiso histórico con quienes hoy sufren el impacto devastador de las lluvias, las inundaciones y la pérdida de sus medios de vida. Lo que ocurre en estas regiones es más que un fenómeno climático. Es un drama humano. Familias enteras han perdido sus casas, sus cultivos, sus empleos y la tranquilidad cotidiana que todos merecemos. Y frente a ese dolor, lo primero que emerge, como siempre, es la solidaridad del pueblo colombiano. A través de la Corporación Presentes, de la cual la CGT Antioquia es socia fundadora, y del apoyo de organizaciones como la Cruz Roja, hemos convocado a nuestras federaciones, sindicatos y ciudadanía en general a movilizar donaciones y esfuerzos inmediatos para atender a quienes hoy pasan hambre, frío y angustia.
Pero también debemos decirlo con claridad: la magnitud del desastre no puede entenderse sin reconocer la profunda crisis institucional que ha acompañado la gestión del riesgo en el país. Los recursos destinados para prevenir precisamente estas tragedias debieron proteger vidas y territorios; sin embargo, terminaron desviados o comprometidos por prácticas que desde esta Presidencia consideramos inaceptables y contrarias al interés nacional. No se corrige un error señalando culpables. No se soluciona una emergencia trasladando responsabilidades entre entidades. El país necesita una gestión del riesgo seria, profesional y blindada contra la corrupción, porque de ella depende que futuras tragedias naturales no se transformen en tragedias sociales evitables.
Mientras tanto, a quienes hoy lo han perdido todo no les interesan los debates técnico-jurídicos, ni las pugnas de poder, ni el ruido político que tanto desgaste causa. Ellos solo quieren recuperar lo esencial: - volver a su hogar, - retornar al trabajo, - garantizar el sustento diario, - enviar a sus hijos al colegio, - reconstruir una vida que les fue interrumpida por la fuerza de la naturaleza y la fragilidad del Estado. Por eso, desde la Presidencia de la CGT hacemos dos llamados: 1. Un llamado firme a la responsabilidad pública. Es urgente depurar, investigar y corregir las fallas estructurales en la gestión del riesgo, para que los recursos destinados a proteger a la población lleguen realmente a quienes los necesitan. El país no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de control, vigilancia y planificación. 2. Un llamado profundo a la solidaridad ciudadana. Porque mientras la institucionalidad se repara, la ayuda inmediata depende de nosotros: de los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales, los colombianos que siempre han respondido con generosidad cuando el dolor ajeno toca la puerta.
Hoy, más que nunca, debemos unirnos sin distinción. Debemos estar del lado de quienes pasan “horribles noches”, quienes no tienen tiempo para discusiones políticas porque están intentando salvar lo más importante: su dignidad y su futuro. La CGT reafirma su compromiso con la defensa de los colombianos, especialmente los más vulnerables. Seguiremos denunciando lo que afecta al país, pero también seguiremos actuando, movilizando y convocando a la fraternidad nacional. Porque la solidaridad es un principio que no depende del Estado: depende del corazón. Hoy, Colombia necesita que ese corazón lata más fuerte que nunca. Donemos de corazón.
Desde la Presidencia de la CGT Democrática e Independiente hemos recorrido durante décadas el país laboral, social y humano que construyen millones de trabajadores colombianos. Por eso, cuando la tragedia golpea regiones como Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Chocó, Montería, Cundinamarca y tantas otras, no hablamos desde la distancia: hablamos desde el compromiso histórico con quienes hoy sufren el impacto devastador de las lluvias, las inundaciones y la pérdida de sus medios de vida. Lo que ocurre en estas regiones es más que un fenómeno climático. Es un drama humano. Familias enteras han perdido sus casas, sus cultivos, sus empleos y la tranquilidad cotidiana que todos merecemos. Y frente a ese dolor, lo primero que emerge, como siempre, es la solidaridad del pueblo colombiano. A través de la Corporación Presentes, de la cual la CGT Antioquia es socia fundadora, y del apoyo de organizaciones como la Cruz Roja, hemos convocado a nuestras federaciones, sindicatos y ciudadanía en general a movilizar donaciones y esfuerzos inmediatos para atender a quienes hoy pasan hambre, frío y angustia.
Pero también debemos decirlo con claridad: la magnitud del desastre no puede entenderse sin reconocer la profunda crisis institucional que ha acompañado la gestión del riesgo en el país. Los recursos destinados para prevenir precisamente estas tragedias debieron proteger vidas y territorios; sin embargo, terminaron desviados o comprometidos por prácticas que desde esta Presidencia consideramos inaceptables y contrarias al interés nacional. No se corrige un error señalando culpables. No se soluciona una emergencia trasladando responsabilidades entre entidades. El país necesita una gestión del riesgo seria, profesional y blindada contra la corrupción, porque de ella depende que futuras tragedias naturales no se transformen en tragedias sociales evitables.
Mientras tanto, a quienes hoy lo han perdido todo no les interesan los debates técnico-jurídicos, ni las pugnas de poder, ni el ruido político que tanto desgaste causa. Ellos solo quieren recuperar lo esencial: - volver a su hogar, - retornar al trabajo, - garantizar el sustento diario, - enviar a sus hijos al colegio, - reconstruir una vida que les fue interrumpida por la fuerza de la naturaleza y la fragilidad del Estado. Por eso, desde la Presidencia de la CGT hacemos dos llamados: 1. Un llamado firme a la responsabilidad pública. Es urgente depurar, investigar y corregir las fallas estructurales en la gestión del riesgo, para que los recursos destinados a proteger a la población lleguen realmente a quienes los necesitan. El país no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de control, vigilancia y planificación. 2. Un llamado profundo a la solidaridad ciudadana. Porque mientras la institucionalidad se repara, la ayuda inmediata depende de nosotros: de los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales, los colombianos que siempre han respondido con generosidad cuando el dolor ajeno toca la puerta.
Hoy, más que nunca, debemos unirnos sin distinción. Debemos estar del lado de quienes pasan “horribles noches”, quienes no tienen tiempo para discusiones políticas porque están intentando salvar lo más importante: su dignidad y su futuro. La CGT reafirma su compromiso con la defensa de los colombianos, especialmente los más vulnerables. Seguiremos denunciando lo que afecta al país, pero también seguiremos actuando, movilizando y convocando a la fraternidad nacional. Porque la solidaridad es un principio que no depende del Estado: depende del corazón. Hoy, Colombia necesita que ese corazón lata más fuerte que nunca. Donemos de corazón.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
sábado, 17 de enero de 2026
La salud en crisis: cuando la ideología reemplaza la gestión y se afecta a usuarios y a los trabajadores del sector.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
La salud en crisis: cuando la ideología reemplaza la
gestión y se afecta a usuarios y a los trabajadores del sector.El gobierno nacional no solo ha debilitado gravemente la
capacidad operativa del sistema de salud colombiano; también decidió intervenir
a las principales EPS sin garantizar soluciones reales, técnicas ni
sostenibles. Lejos de corregir los problemas estructurales, estas
intervenciones han profundizado el deterioro del sistema y hoy tienen a
millones de colombianos pagando las consecuencias.
La situación de la NUEVA EPS es quizás el ejemplo más
preocupante. Como la EPS con mayor número de afiliados del país, su
intervención debió ser un ejercicio de saneamiento financiero y administrativo
riguroso. Sin embargo, lo que hoy se observa es un deterioro acelerado:
retrasos sistemáticos en los pagos a la red pública y privada, suspensión de
servicios, desabastecimiento de medicamentos y una atención cada vez más
precaria para millones de usuarios que ven vulnerado su derecho fundamental a
la salud.
Pero si la afectación a los pacientes ya es grave, lo que
ocurre con los trabajadores y trabajadoras de la salud resulta inaceptable. En
departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, la Costa Caribe y muchas
otras regiones del país, a la gran mayoría de quienes sostienen el sistema
—médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, comercial y de
apoyo— se les adeudan varios meses de salario. En el caso de la Nueva Eps, para seguir con el ejemplo,
los trabajadores salen a vacaciones sin plata, regresan a las labores y aun no
les cancelan, mientras siguen ingresando personas a altos cargos, con altos
salarios, recomendados por los amigotes. Hoy los trabajadores del sistema de
salud, laboran sin certezas, sin estabilidad y, en muchos casos, sin ingresos
oportunos, mientras continúan atendiendo emergencias y salvando vidas en medio
de la precariedad.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud ha optado
por el camino equivocado: el del discurso ideologizado y la retórica política. Se habla de reformas estructurales, de
cambios de modelo y de transformaciones profundas, pero no se adoptan medidas
concretas que garanticen liquidez inmediata, con una UPC competitiva; respeto
por los derechos laborales ni una gestión técnica responsable del sistema.
Gobernar la salud pública desde la narrativa y los sesgos ideológicos y no
desde la administración eficiente, ha demostrado ser una fórmula peligrosa.
La crisis del sistema de salud no se resuelve debilitando
a las EPS sin planes claros, ni trasladando el caos financiero a hospitales,
clínicas y trabajadores. Tampoco se soluciona ignorando la angustia de millones
de usuarios que hoy enfrentan demoras, negaciones y barreras para acceder a
servicios básicos. La salud no puede ser el laboratorio de una disputa
ideológica ni el escenario para improvisaciones costosas.
Desde la Confederación General del Trabajo – CGT
Colombia, Democrática e independiente, levantamos la voz con responsabilidad y
firmeza. El país necesita soluciones ya: recursos reales, pagos oportunos,
respeto laboral y una gestión técnica seria que priorice a las personas por
encima de los discursos. La salud y sus trabajadores no necesitan más
promesas. Necesitan hechos.
El gobierno nacional no solo ha debilitado gravemente la capacidad operativa del sistema de salud colombiano; también decidió intervenir a las principales EPS sin garantizar soluciones reales, técnicas ni sostenibles. Lejos de corregir los problemas estructurales, estas intervenciones han profundizado el deterioro del sistema y hoy tienen a millones de colombianos pagando las consecuencias.
La situación de la NUEVA EPS es quizás el ejemplo más preocupante. Como la EPS con mayor número de afiliados del país, su intervención debió ser un ejercicio de saneamiento financiero y administrativo riguroso. Sin embargo, lo que hoy se observa es un deterioro acelerado: retrasos sistemáticos en los pagos a la red pública y privada, suspensión de servicios, desabastecimiento de medicamentos y una atención cada vez más precaria para millones de usuarios que ven vulnerado su derecho fundamental a la salud.
Pero si la afectación a los pacientes ya es grave, lo que ocurre con los trabajadores y trabajadoras de la salud resulta inaceptable. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, la Costa Caribe y muchas otras regiones del país, a la gran mayoría de quienes sostienen el sistema —médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, comercial y de apoyo— se les adeudan varios meses de salario. En el caso de la Nueva Eps, para seguir con el ejemplo, los trabajadores salen a vacaciones sin plata, regresan a las labores y aun no les cancelan, mientras siguen ingresando personas a altos cargos, con altos salarios, recomendados por los amigotes. Hoy los trabajadores del sistema de salud, laboran sin certezas, sin estabilidad y, en muchos casos, sin ingresos oportunos, mientras continúan atendiendo emergencias y salvando vidas en medio de la precariedad.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud ha optado por el camino equivocado: el del discurso ideologizado y la retórica política. Se habla de reformas estructurales, de cambios de modelo y de transformaciones profundas, pero no se adoptan medidas concretas que garanticen liquidez inmediata, con una UPC competitiva; respeto por los derechos laborales ni una gestión técnica responsable del sistema. Gobernar la salud pública desde la narrativa y los sesgos ideológicos y no desde la administración eficiente, ha demostrado ser una fórmula peligrosa.
La crisis del sistema de salud no se resuelve debilitando a las EPS sin planes claros, ni trasladando el caos financiero a hospitales, clínicas y trabajadores. Tampoco se soluciona ignorando la angustia de millones de usuarios que hoy enfrentan demoras, negaciones y barreras para acceder a servicios básicos. La salud no puede ser el laboratorio de una disputa ideológica ni el escenario para improvisaciones costosas.
Desde la Confederación General del Trabajo – CGT Colombia, Democrática e independiente, levantamos la voz con responsabilidad y firmeza. El país necesita soluciones ya: recursos reales, pagos oportunos, respeto laboral y una gestión técnica seria que priorice a las personas por encima de los discursos. La salud y sus trabajadores no necesitan más promesas. Necesitan hechos.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
jueves, 8 de enero de 2026
Colombia necesita menos fanatismo, más responsabilidad y diálogo
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Desde la CGT Colombia celebramos la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. Las relaciones internacionales y el manejo de las diferencias deben darse siempre por la vía diplomática, con responsabilidad y altura de Estado, no a través del discurso del micrófono, las emociones desbordadas de las redes sociales ni el sesgo ideológico con el que, en ocasiones, se convoca a la plaza pública.
La diplomacia existe precisamente para gestionar desacuerdos, construir consensos y proteger los intereses nacionales. Convertir la política exterior en espectáculo, o en tribuna para exacerbar odios ideológicos, no solo debilita al Estado, sino que empobrece el debate democrático.
Los sesgados ideológicos deben aprender a no estigmatizar ni señalar como “fascistas” o “ultraderechistas” a quienes dialogan o se reúnen con sectores que no son de izquierda. El diálogo con quien piensa distinto no es traición, es democracia. El presidente @petrogustavo se reunirá con el presidente de derecha de los Estados Unidos, @realDonaldTrump, y eso está bien cuando se hace por el bien de Colombia. Por esa misma razón, muchos celebraron, se mostraron felices y manifestaron su júbilo en la plaza pública.
Aprendan a no tener sesgos ideológicos y políticos, esta es la puerta de entrada al sectarismo y extremos, cuando estos se convierten en estigmatización política, en señalamiento y, peor aún, en justificación de la eliminación política o física del contradictor, constituyen una profunda equivocación. Esa lógica ha causado demasiado dolor en nuestra historia y atenta directamente contra el valor más esencial de cualquier sociedad democrática: la dignidad humana.
Colombia necesita menos fanatismo y más responsabilidad; menos insultos y más diálogo; menos extremos y más democracia.
Desde la CGT Colombia celebramos la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. Las relaciones internacionales y el manejo de las diferencias deben darse siempre por la vía diplomática, con responsabilidad y altura de Estado, no a través del discurso del micrófono, las emociones desbordadas de las redes sociales ni el sesgo ideológico con el que, en ocasiones, se convoca a la plaza pública.
La diplomacia existe precisamente para gestionar desacuerdos, construir consensos y proteger los intereses nacionales. Convertir la política exterior en espectáculo, o en tribuna para exacerbar odios ideológicos, no solo debilita al Estado, sino que empobrece el debate democrático.
Los sesgados ideológicos deben aprender a no estigmatizar ni señalar como “fascistas” o “ultraderechistas” a quienes dialogan o se reúnen con sectores que no son de izquierda. El diálogo con quien piensa distinto no es traición, es democracia. El presidente @petrogustavo se reunirá con el presidente de derecha de los Estados Unidos, @realDonaldTrump, y eso está bien cuando se hace por el bien de Colombia. Por esa misma razón, muchos celebraron, se mostraron felices y manifestaron su júbilo en la plaza pública.
Aprendan a no tener sesgos ideológicos y políticos, esta es la puerta de entrada al sectarismo y extremos, cuando estos se convierten en estigmatización política, en señalamiento y, peor aún, en justificación de la eliminación política o física del contradictor, constituyen una profunda equivocación. Esa lógica ha causado demasiado dolor en nuestra historia y atenta directamente contra el valor más esencial de cualquier sociedad democrática: la dignidad humana.
Colombia necesita menos fanatismo y más responsabilidad; menos insultos y más diálogo; menos extremos y más democracia.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
sábado, 3 de enero de 2026
lunes, 29 de diciembre de 2025
Posición de la CGT Democrática e independiente con relación al SMLV2026
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
Posición de la CGT Democrática e independiente con relación al SMLV2026
La CGT considera que un incremento tan desbordado afectará el costo de vida para los trabajos, pensionados y clase media para el 2026, también perjudica a los 13.5 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad a los pensionados que tendrán un incremento del IPC y a las empresas pequeñas y medianas que por los altos costos podrían despedir trabajadores.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
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