Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co
LA ÉTICA SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL PARA EL AÑO 2026, FRENTE A LA INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA Y LOS POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.
En
Colombia, la mesa de concertación del salario mínimo debería ser un espacio
técnico, transparente y orientado al bienestar colectivo. Sin embargo, lo que
estamos presenciando en la antesala de la negociación para el año 2026, en las
sesiones, en medios de comunicación y en redes sociales, dista mucho de ese
ideal. Hoy, algunos dirigentes sindicales han convertido este escenario en una
plataforma para sus aspiraciones políticas, sacrificando la credibilidad del
movimiento de los trabajadores, para llevarla al altar de la conveniencia
personal.
Es
el caso del presidente de la CUT Nacional, quien, en una abierta
instrumentalización de sus afiliados, pretende conseguir votos para una curul
en el Senado. Utilizar
el salario mínimo como herramienta de manipulación electoral no solo es
antiético, sino que erosiona la confianza de los trabajadores en sus
representantes. Una vocería sindical que nadie le otorgó no puede convertirse
en un trampolín político, menos aún cuando se recurre al chantaje a los
empresarios con el beneplácito del Gobierno Nacional, que parece más un jefe
político de los sindicalistas del comité de aplausos, que un garante de
equilibrio. El aparato productivo del país, los gremios y los trabajadores
no podemos seguir sometidos a la irresponsabilidad de algunos líderes
sindicales que los están utilizando para poner en jaque a las empresas y, con
ello, al desarrollo de Colombia.
La
negociación del salario mínimo exige dirigentes probos, íntegros y, sobre todo,
libres de conflictos de interés.
No es aceptable que quienes se sientan en la mesa tengan contratos con
entidades gubernamentales, o que otros guarden silencio por dadivas. Esta
práctica degrada la esencia del sindicalismo y convierte la concertación en una
obra teatral de bajo nivel.
Los
empresarios que participan en la Comisión Permanente no deberían seguir
legitimando un espectáculo que desvirtúa el propósito de la concertación. El
salario mínimo no es un botín político; es el sustento de dos millones
cuatrocientos ocho mil trabajadores y, por ello, debe ser tratado con la
seriedad que merece. Además, once millones de personas ganan menos del
salario mínimo, lo que significa que la brecha entre quienes devengan el mínimo
legal y los no asalariados que están en la informalidad, cada año se hace más
amplia. Son consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta, de acuerdo
con las estadísticas recientemente arrojadas por el DANE, lo que hace más
rigurosa la negociación del salario mínimo legal. La misma no puede seguir
dándose como un espectáculo nefasto alrededor de los egos y los objetivos
personales de quienes pretenden obtener una curul en el Senado y quienes tienen
intereses burocráticos y económicos con este gobierno.
Por
ello, la CGT Democrática e Independiente rechaza de manera categórica estas
prácticas que atentan contra la transparencia y la ética sindical. La
independencia frente a intereses políticos no es opcional: es la base para
garantizar que la voz de los trabajadores sea auténtica, independiente y no un
eco de ambiciones personales, instrumentalizando indeseablemente a los
trabajadores como bandera política y socavando el interés colectivo que debe
ser el verdadero propósito del sindicalismo.
Por: Jorge Iván Díez Vélez
Presidente CGT Independiente y Democrática
presidencia@cgtcolombia.com.co

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